¿Es necesario revisar el acuerdo fiscal?
Por: Mtro. Gabriel Torres Espinoza
Columna invitada
Debe advertirse que, en el contexto de un Estado con sistema de organización política federal, impera el principio de ‘solidaridad’ [valor conjunto y ayuda mutua] y no el principio de ‘ordinalidad’ [en el que cada orden de gobierno recibe una justa distribución de recursos]. Lo anterior, porque estados más pobres no tendrían incentivos para formar parte de una federación: el incentivo para permanecer dentro de ella, es un trato fiscal benéfico, que les dé más de lo que aportan. Se trata pues, de una discusión que está empezando a tomar fuerza en países federales de todo el Orbe.
No obstante, los movimientos que tensan su relación con un gobierno central, en el Mundo, fundan, motivan y argumentan sus discrepancias en razón de la riqueza y los recursos con los que contribuyen tanto al país, como al gobierno central o federal en su Presupuesto, en contraparte de los recursos que reciben, efectivamente. Algunos casos elocuentes son California, Cataluña, Quebec, y ahora en México los gobernadores de la Alianza Federalista.
Lo cierto es que en nuestro país, las fórmulas de distribución de los recursos, esto es, la discusión del federalismo fiscal, debe darse en el seno de una ‘Convención Nacional’, ya sea fiscal o hacendaria. Sin embargo, este mecanismo se reglamenta por la Ley de Coordinación Fiscal que data de 1978, año en que fue publicada en el DOF. Se trata de una ley que sólo ha sido reformada, desde su creación, a través de 16 decretos de reforma. Para situarlo en perspectiva: mientras que la Constitución Federal registra en promedio 2.35 decretos de reforma por año desde la fecha de su publicación (1917), la Ley de Coordinación Fiscal vigente acredita tan solo 0.38 decretos de reforma por año.
De ese tamaño es el letargo de la discusión de nuestro federalismo fiscal. De forma que el arcaico e insostenible federalismo fiscal de nuestros días, hay que precisarlo, no es hechura del presidente de la República en funciones, aunque ciertamente le caracterice un actuar particularmente centralizador, que no nació en este gobierno (Peña Nieto impulsó importantes reformas centralizadoras). Los gobiernos panistas que hoy pugnan por una redistribución de las facultades recaudatorias entre los tres órdenes de gobierno, nada avanzaron cuando accedieron al Ejecutivo y Legislativo federal. Lo importante, en todo caso, es que hoy se demanda un debate oportuno y necesario con relación a este importantísimo asunto que tensa al país.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señala que el gasto federalizado es el principal componente de los recursos de las entidades, el cual representa en promedio el 87% para 2021, por lo que alerta que el recorte restringirá su presupuesto para proveer bienes y servicios para sus habitantes, lo que cobra relevancia en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Cierto es que para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el 40% del recorte al gasto federalizado se concentra en los 10 estados conformados por la Alianza Federalista. Es decir, para 2021, se prevé una reducción de alrededor de 107,900 mdp de gasto federalizado, las entidades que integran la Alianza Federalista perderían 43,000 millones de pesos de aprobarse el proyecto de Hacienda.
Dato
( Politólogo y Director de la Operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Benemérita Universidad de Guadalajara y presidente de la Alianza Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias ) .