Los ‘Derechos Humanos’ no están en cuarentena: ONDA, CEPAD e IMDEC

Por: Celia Espinoza

09 de junio de 2020.- Organismos como el Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias (ONDA), Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) y Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) exigen la transformación de la política pública para evitar detenciones arbitrarias, a las revisiones de “rutina” y uso de la violencia durante las detenciones realizadas en Guadalajara con motivo de las protestas por la muerte de Giovanni López.

“Reiteramos nuestro hartazgo por la criminalización, represión y uso desproporcionado de la fuerza pública en los ejercicios de derechos humanos, como la protesta social. Señalamos que no basta con remover a las autoridades implicadas en los casos, o aplicar la justicia en los sujetos determinados culpables. Estas acciones no son suficientes para la memoria de las víctimas y sus familias, exigimos que ningún otro estado del país sufra este tipo de abusos de autoridad”, exponen en  su pronunciamiento, en el que afirman “porque los Derechos Humanos no están en cuarentena”.

Puntualizaron que en Jalisco “no basta con liberar a las personas detenidas y encontrar a las desaparecidas, es necesario proteger la integridad de las y los jóvenes que fueron objeto de estas violaciones, así como la de sus familias. Exigimos que se les reparen integralmente los daños y se investiguen las posibles violaciones como tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las que posiblemente fueron objeto al momento de la detención o durante el tiempo en que estuvieron detenidos y desaparecidos. Así como se les brinde atención psicológica y médica. Se investiguen y reconstruyan los hechos por instancias nacionales e internacionales independientes”.

Exponen que es urgente conocer a detalle cuáles fueron las estrategias, los protocolos y los mandatos que se dieron para que ocurrieran todos los operativos y episodios de represión, así como establecer garantías de no repetición, por lo que reprueban la criminalización  de la que son objeto los manifestantes que fueron detenidos.

Tanto CEPAD, IMDEC y otras organizaciones defensoras de derechos humanos de Jalisco alzan la voz y exigen justicia ante la represión, y a la vez refrendan el derecho a defender los derechos humanos, por lo que afirman que estarán atentas/os a su seguridad.

Sobre los hechos ocurridos en San Luis Potosí y en la Ciudad de México, solicitan el debido proceso para los casos, que cesen las detenciones arbitrarias durante la protesta social, que se abra una investigación imparcial de las mismas, que se determinen los sujetos culpables y las instancias responsables, que las Comisiones Estatales de Derechos Humanos den acompañamiento a las víctimas y emitan recomendaciones a las instituciones correspondientes, que se reparen los daños y se sostenga la garantía de no repetición.

Desde marzo, las organizaciones firmaron este comunicado, a través de diversos pronunciamientos y declararon que atender un problema sanitario con medidas de seguridad pública, más que una alternativa, era un riesgo para la sociedad y los derechos humanos. Señalamos que la intervención de los cuerpos de seguridad pública o la Guardia Nacional (GN) en la contingencia sanitaria suponía un problema porque carecen de capacitación para la proximidad social o para desplegar estrategias de prevención ante el Covid-19.

Los casos de homicidios en manos de cuerpos policíacos ocurridos en Tjuana, Baja California (en marzo) y en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco (el 5 de mayo de 2020) dan cuenta de las omisiones de los gobiernos para sostener un Sistema de Seguridad Pública que opere con respeto a la dignidad de las personas y garantía de los derechos humanos (DDHH).

“Los esfuerzos de algunas administraciones para nombrar toques de queda o facultar a la autoridad de Seguridad Pública para que junto con autoridades sanitarias rastreen, encuentren o aíslen a personas confirmadas por un padecimiento contagioso evidencian las dificultades de nuestras autoridades para entender que no vivimos un Estado de Excepción”, puntualizan en el pronunciamiento.

Ante el homicidio de Giovanni López, los días 4, 5 y 6 de junio se organizaron protestas sociales en Guadalajara, y acompañaron la iniciativa el 5 de junio el estado de San Luis Potosí y Ciudad de México, en las cuales se cometieron lamentables hechos de represión, brutalidad policíaca, detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos humanos, mencionadas a continuación:

· Jalisco: El jueves 4 de junio se ejecutaron detenciones arbitrarias a 28 jóvenes (6 menores de edad, dos mujeres y 20 hombres), así como 4 periodistas que fueron agredidos por la policía estatal. El 5 de junio, se realizaron más de 60 “levantones” y desapariciones forzadas, detuvieron arbitrariamente a 11 personas y agredieron a 3 periodistas. El sábado 6, se realizaron 6 detenciones arbitrarias y se documentaron al menos dos agresiones contra periodistas por parte de la policía estatal y de Guadalajara.

· San Luis Potosí (SLP): El 5 de junio se realizaron 12 detenciones, varias de éstas con agresiones y de manera arbitraria; 1 dispuesta al fuero federal, 6 a barandilla y puestos en libertad, 3 a vinculación de proceso ya en libertad bajo medidas cautelares, 3 menores dispuestos en la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes (PPNNA). Pugnamos por su garantía al debido proceso y esclarecimiento de los hechos.

· Ciudad de México (Cdmx): El 5 de junio personas jóvenes fueron agredidas brutalmente; una joven de 16 años en particular por tres elementos de seguridad, sin motivo alguno.