Organizaciones y activistas rechazan el manejo irresponsable de información, que pone en riesgo a personas defensoras de derechos humanos en Jalisco

Por: Celia Espinoza

09 de junio de 2020.- Organizaciones y activistas que han documentado y acompañado la denuncia por las detenciones arbitrarias de jóvenes, las desapariciones de personas y los maltratos que han recibido quienes estaban bajo custodia policial rechazan cualquier acción que denueste la libertad de expresión y la labor de defensa de derechos humanos.

En un pronunciamiento difundido este martes 08 de junio, precisan “reiteramos nuestro llamado a que los gobiernos estatal y municipales garanticen la libertad de manifestación pacífica, la libertad de expresión y los derechos humanos en general, y se abstengan de hacer declaraciones y hacer circular información que criminalice a las víctimas y ponga en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos”.

Por lo que piden al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez que informe los tiempos y formas en las que cumplirá todas las recomendaciones realizadas por la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

También solicitan que los medios de comunicación sean responsables con sus publicaciones, y que estas se produzcan bajo los principios de la independencia, el rigor en la investigación, la veracidad, la imparcialidad y, en general, la ética.

A la vez hacen un llamado urgente al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que emita un pronunciamiento sobre la legitimidad de la labor de defensa de derechos humanos y la obligación de las autoridades estatales de garantizar ese derecho.

De manera urgente, solicitan la intervención de la Relatoría Especial sobre libertad de reunión pacífica y de asociación, y de las Relatorías sobre personas defensoras de derechos humanos y libertad de expresión, tanto de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que hagan una solicitud urgente de información al Estado mexicano y, en su caso, se pronuncien sobre la obligación reforzada de protección en contextos de crisis.

A las autoridades, les hacen un llamado a ser sumamente responsables en la información que difunden sobre la muerte de Giovanni López, quien estaba en custodia de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, así como sobre las protestas que ha desencadenado el hecho.

“Hacemos hincapié en que se investiguen todos los hechos en torno a la detención de Giovanni López, que terminaron en su muerte, estando bajo la custodia de quienes deberían velar por su seguridad”, puntualizan en otro punto del pronunciamiento.

Los organismos y activistas, dejan en claro que se suman a la exigencia de que las autoridades respectivas rindan cuentas sobre las razones por las que el caso de Giovanni López duró un mes sin avances perceptibles, motivo por el que se suscitaron las recientes protestas, y que, además, hagan públicas las medidas que tomarán para que no se vuelva a repetir un hecho como ese.

Por último, solicitan “que se realice una investigación independiente, por especialistas internacionales, que junto con las víctimas, periodistas, organizaciones de la sociedad civil e instancias internacionales reconstruyan los hechos suscitados en los últimos días en Jalisco, e investiguen a fondo los delitos y las violaciones a derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada”.

Antecedente del pronunciamiento

Diversos medios de comunicación nacionales y locales reprodujeron, íntegra, la nota titulada “Ubican 11 grupos políticos detrás de protestas en Jalisco” o “En Jalisco, al menos 11 grupos políticos, detrás de los disturbios”, originalmente publicada en el diario El Financiero.

Sin especificar la fuente de su información, y sin ofrecer pruebas, el periodista Juan Carlos Huerta hace un listado de personas, grupos vecinales y organizaciones de la sociedad civil que, según su versión, llamaron no sólo las manifestaciones, sino a las expresiones violentas, “los disturbios”, en ellas.

La nota inicia afirmando que “Detrás de las manifestaciones de los últimos tres días en Guadalajara —que dejaron un saldo de 28 detenidos y posteriormente liberados, así como seis jóvenes aprehendidos por dañar la infraestructura pública— hay al menos 11 grupos políticos y sociales activos en la entidad”.

Entre el listado, que carece de sustento, se menciona que “En las manifestaciones participaron también integrantes de organizaciones agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión, entre las que destacan el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) —fundada en Guadalajara en 1963, y que apoya temas de Educación, Comunicación Popular, y los bienes comunes—, y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), organismo vinculado al ITESO, que apoya en defensa de violaciones de los derechos humanos”. Además, que “asistieron representantes del organismo proderechos de las mujeres Red feminista YoVoy8deMarzo”, entre otros.

Ante esta nota, cuyo contenido es irresponsable porque propicia la confusión, y puede alentar ataques en contra de organizaciones que han trabajado muy activamente a favor de la justicia y el respeto a la dignidad humana, negamos absolutamente la acusación publicada en El Financiero y otros medios de que el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario AC, el ITESO y la Red feminista YoVoy8deMarzo estén relacionados con la instigación a la violencia.

Por el contrario, esas organizaciones han documentado y acompañado la denuncia por las detenciones arbitrarias de jóvenes, las desapariciones de personas y los maltratos que han recibido quienes estaban bajo custodia policial.

En momentos de polarización, violencia y crisis como los que vivimos en Jalisco, consideramos que señalamientos como los de la nota citada, además de desinformar ponen en riesgo la labor de defensa de derechos humanos de estas organizaciones y sus integrantes. Máxime, cuando el titular del Poder Ejecutivo del Estado ha reconocido el actuar descontrolado de funcionarios policiales y la infiltración de la delincuencia organizada en las instituciones.

En su informe de visita a México en 2017, el entonces relator sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, alertó sobre “el número de campañas difamatorias contra los defensores de los derechos humanos —organizadas bien por políticos, bien por los medios de comunicación—”, y dijo que “la estigmatización tiene también un componente de género, cuando se dirige contra las defensoras de los derechos humanos”, lo que claramente aplica en estos momentos en Jalisco.

Los que firman el pronunciamiento son: personas, académicos, defensores y defensoras, periodistas y estudiantes con nombre y apellido. También participan Organismos No Gubernamentales, Universidades, Centros e instancias universitarias y Redes defensoras de los derechos civiles y humanos.  Todos conforman una larga lista, con copia en Cuadrante7.